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Entrevista al presidente de ONERO tras el recorte de financiación pública a las ONGs.

En el siguiente enlace os pasamos la intervención de José Joaquín Gil, presidente de ONERO (Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares) en el programa “Antes de que amanezca” de radio Intereconomía.

Hace poco os pasamos el MANIFIESTO DE LAS ENTIDADES DE LA BAJA VISIÓN Y DÉFICIT VISUAL GRAVE ANTE EL RECORTE DE APOYO ECONÓMICO A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR.

Podréis encontrar la intervención en el minuto 25´: 25″

MANIFIESTO DE LAS ENTIDADES DE LA BAJA VISIÓN Y DÉFICIT VISUAL GRAVE ANTE EL RECORTE DE APOYO ECONÓMICO A LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Los colectivos que trabajan en España por la baja visión y la deficiencia visual grave se unen para instar al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a reconsiderar la decisión de recortar el apoyo económico público al Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, en el momento en que el país y la sociedad española más necesitan a las redes solidarias como consecuencia de la pandemia.

Tras la notificación por parte de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales su intención de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social, (vía principal de financiación de las organizaciones sociales altruistas de ámbito estatal) y de no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales.

El presidente del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares (ONERO), José Joaquín Gil, señala al respecto: “Desde ONERO queremos dejar constancia de nuestra honda preocupación en que siga adelante una decisión que perjudicaría enormemente a un sector tan vulnerable como es el de la discapacidad. Reivindicamos un derecho que nos asiste y que repercute directamente en favor de nuestro colectivo. En consecuencia, la reducción de financiación pública destinada a ONG estatales limita y pone en evidente riesgo que pacientes con enfermedades oculares poco frecuentes, tengan y dispongan de la debida atención, que adicionalmente ya se ha visto muy perjudicada desde los primeros momentos de la pandemia por Covid-19”. Señala el representante que, “ahora más que nunca debemos estar unidos y cohesionados con el fin de hacer llegar nuestra voz clara y firme contra esta situación”.

“Más de 1 millón de personas que conviven con baja visión y/o ceguera en España necesitan que se les tenga en cuenta en unos momentos donde las administraciones públicas no ofrecen soluciones de apoyo psicosocial y rehabilitación visual solamente realizados por las asociaciones de pacientes muy necesitadas de financiación”, según explica Andrés Mayor Lorenzo, Presidente de la Asociación Visión España.

Desde la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) y su Fundación Lucha Contra la Ceguera (FUNDALUCE), como Entidades de ámbito nacional, muestran su adhesión a este Manifiesto.

Almudena Amaya, presidenta de FARPE, señala que: “Nuestras ONGs no pueden verse mermadas por esta medida, ya que dotan a las personas con discapacidad, integrantes de dichas Organizaciones, de servicios e intervenciones que mejoran su calidad de vida en ámbitos como: laboral, integración social, legal, etc.”.

“Nuestro sector siempre es el más vulnerable, en tiempos de bonanza somos los últimos y en momentos de restricciones somos los primeros”.

Por último, las entidades abajo firmantes, realizan un llamamiento a la Vicepresidencia Social del ejecutivo con el fin de hacerle llegar la expresión de un colectivo unido que reclama con la mayor dignidad su lugar en la sociedad y necesita evitar la merma de unos derechos y recursos ya plenamente consolidados. Con ellos intactos, podremos continuar en la labor de mejorar día a día la calidad de vida de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos, objetivo que con toda seguridad comparte esa Vicepresidencia Social.

Entidades firmantes:

Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares (ONERO)

https://onero.org/

• Acción visión España

https://www.esvision.es/

• Federación Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de

España (FARPE) y su Fundación Lucha Contra la Ceguera (FUNDALUCE)

http://www.retinosisfarpe.org/

*Para más información: Jose Joaquin Gil: 607188989

Gracias por su atención

CAMPAÑA TENGO BAJA VISION-AHORA MAS QUE NUNCA TENLO EN CUENTA

Presentamos la campaña TENGO BAJA VISIÓN – AHORA MÁS QUE NUNCA TENLO EN CUENTA que responde a la dificultad de las personas con baja visión para guardar la distancia de seguridad en el contexto de la COVID-19 debido a su pérdida visual.

IMAGEN DEL DISTINTIVO TENGO BAJA VISIÓN

Las personas que llevamos este distintivo tenemos BAJA VISIÓN

Ahora, más que nunca, TENLO EN CUENTA

IMÁGENES DE PERSONAS CON MASCARILLA Y EL DISTINTIVO TENGO BAJA VISIÓN.

Gracias por:

  • Guardar la distancia de seguridad.
  • Apartarte.
  • Advertirme y ayudarme.
  • Comprenderme.

La baja visión es:

  • Un grado menor que la ceguera.
  • Muy frecuente: 1 millón de personas en España.
  • Inapreciable:

Ojos aparentemente sanos.

Tengo Baja Visión:

  • Visibiliza y acaba con la incomprensión.
  • Mejora la interacción social.

+34676894157

info@tengobajavision.com

www.tengobajavision.com

#TengoBajaVisión

LAS PERSONAS CON BAJA VISIÓN PIDEN AYUDA A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

La iniciativa, promovida por diferentes asociaciones de personas con discapacidad visual de todo el Estado, incluye un llamamiento a quienes tienen baja visión para que utilicen el distintivo “Tengo Baja Visión”

Cuando una persona que tiene discapacidad visual se pone a la cola para entrar en un comercio, es posible que vea el principio de la fila, pero no el final, si tiene visión en túnel. Al avanzar la cola, se moverá, pudiendo chocar con quien tiene más cerca, situación que será, cuando menos, incómoda. Esta es solo una de las múltiples circunstancias en las que se encuentran las personas con baja visión y que puede dar lugar a situaciones de riesgo y malentendidos.

En España al menos un 2 % de la población tiene baja visión o es ciega, es decir ve entre 0 y un 30 % pero, a menudo, no se percibe porque, en muchos casos, los ojos están aparentemente sanos. Las nuevas normas de distanciamiento social para evitar contagios de la covid-19 han traído aparejadas mayores dificultades para quienes sufren esta discapacidad. La plataforma Tengo Baja Visión que agrupa a asociaciones de personas con discapacidad visual y profesionales de la visión de todo el Estado, lanzará una campaña con la que quiere sensibilizar a la población sobre el problema y hacer un llamamiento para que sea comprensiva. Apartarse al cruzarse con una persona con discapacidad visual, prestar especial atención a guardar la distancia de seguridad y advertir verbalmente de posibles riesgos son ejemplos de cómo la población puede contribuir a que la interacción social de las personas con baja visión sea más fluida y segura en estos momentos de excepcionalidad.

“Además del conjunto de normas de distanciamiento, el hecho de que este colectivo necesite acortar distancias para poder leer o tenga que recurrir en mayor medida al tacto, nos sitúa en una posición más vulnerable ante el contagio, lo que nos genera más tensión”, explican desde Tengo Baja Visión,. “Esta campaña -aseguran- tiene también otra dimensión clara: la de contribuir a que la enfermedad no se propague”.

La campaña se completará con la recomendación a quienes padecen una discapacidad visual de que utilicen el distintivo “Tengo Baja Visión” en cualquiera de sus soportes: chapa, visera, brazalete… Así, siendo reconocibles, se facilitará la interacción social.

Finalmente se utilizarán las redes sociales para divulgar la iniciativa “Tenlo en cuenta”, cuyo objetivo es informar sobre situaciones que generan incomprensión.

El distintivo se puede usar solo o acompañando al bastón blanco o perro guía, indicando con ello que quien lo usa tiene un resto útil de visión, es decir, que no es completamente ciega.

La baja visión es un grado menor que la ceguera y hoy por hoy no tiene cura. Sus síntomas se presentan en forma de visión borrosa, pérdida de visión central, de visión periférica o de una parte del campo visual. La degeneración macular, el glaucoma, la miopía magna, la retinopatía diabética, la retinosis pigmentaria y otras distrofias hereditarias de retina o la aniridia son algunas de las enfermedades que causan baja visión. En España, más de un millón de personas tienen esta condición.

TALLER DE MINDFULNESS

Hemos puesto en marcha el Taller de Mindfulness en Alicante, con el fin de poder ampliar nuestras estrategias para hacer frente al momento actual, en la situación de alarma sanitaria por el Covid-19, proporcionando el bienestar social y emocional de nuestros usuarios y sus familiares. Para más información y/o confirmación llamar al Tlf.: 605 311 221

DIRIGIDO A:
Todas aquellos socios-as y familiares de Retina CV para AFRONTAR situaciones derivadas del aislamiento por estado de alarma por COVID19.
CUÁNDO: VIERNES , de 17:30 a 18:30 hrs.
Inicio: viernes 24 abril
METODOLOGIA:
Grupos reducidos.
Sesión práctica.
TERAPEUTA: ESTHER LOPEZ, Psicóloga , Máster en Psicología Clínica y de la Salud.

LUGAR: REUNIONES aplicación ZOOM
Con la colaboración de:

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020.

Resolución por la que se efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población vulnerable en el ámbito del estado de alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana. [2020/2939].

A continuación os ponemos el enlace para acceder al documento donde os lo explica:

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf

Primero:
Donar 3.600.000 mascarillas higiénicas a las personas y colectivos vulnerables definidos en el punto segundo de esta resolución, sin perjuicio de la posibilidad de posteriores distribuciones. Esta donación se efectuará a través de los principales almacenes distribuidores y las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana.
Segundo:
El colectivo beneficiario de esta resolución, de acuerdo con los criterios de prioridad y la capacidad del sistema de información de que dispone la Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública (GAIA),será el siguiente:
a) Personas con edad igual o superior a 65 años.

b) Personas con estados de salud de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Pacientes (SCP): estados de salud 6, 7, 8, y 9.
Tercero:
En las oficinas de farmacia se dispensarán las mascarillas directamente a los ciudadanos beneficiarios, gratuitamente. Se dispensarán 3 mascarillas por cada persona beneficiaria.
Cuarto:
La prescripción de las mascarillas se habilitará informáticamente en la receta electrónica de cada persona beneficiaria, permitiendo su identificación a través de la SIP y los registros de dispensación. Se incorporará una única receta, no renovable, como producto no financiable, no prescriptible y sin coste para el paciente o la paciente.
València, 15 de abril de 2020.– La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública: Ana Barceló Chico.

La Consellería de Igualdad prorroga un año la vigencia de los certificados de discapacidad

Información extraida de COMINET: Web informativa de COCEMFE ALICANTE sobre discapacidad.

La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas  a través de la Resolución de 31 de marzo de 2020 ha decidido prorrogar hasta el día 14 de marzo de 2021, la vigencia del grado de discapacidad reconocido de todos los certificados de discapacidad expedidos en la Comunidad Valenciana, que se encontrasen sometidos a una temporalidad que se hubiera sobrepasado o vigencia temporal con fecha de finalización anterior al 31 de diciembre de 2020.

Las personas con discapacidad cuyo certificado haya caducado o caduque durante este periodo  prórroga automática, y que no hayan solicitado con anterioridad la revisión del grado reconocido, deberán hacerlo una vez finalizado el estado de alarma, acompañando la solicitud con la documentación oportuna al Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad correspondiente.

Asimismo, las personas con discapacidad podrán solicitar la revisión por agravamiento independientemente de que la prórroga del certificado hubiera o no expirado cumpliendo el estado de alarma decretado.

Más información: DOGV Nº 8778 – 01/04/2020

Extensión del Bono Social eléctrico como consecuencia del COVID-19

Información extraida de COMINET: Web informativa de COCEMFE ALICANTE sobre discapacidad.

Se crea una nueva categoría de potenciales beneficiarios del bono social eléctrico: podrán solicitar este descuento directo en la factura los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en su actividad profesional o cuya facturación haya disminuido en un 75% en promedio respecto al semestre anterior.

En estos casos, se concederá el bono social si el usuario o su unidad familiar percibe una renta anual total no superior a:

  • 799€  (2,5 veces el IPREM), si no hay menores en el hogar.
  • 559€ (3 veces el IPREM), si en la unidad familiar hay un menor.
  • 318€ (3,5 veces el IPREM), en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Estos beneficiarios del bono social serán considerados vulnerables en tanto no reanuden su actividad laboral y, en todo caso, por un periodo máximo de 6 meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. La condición de vulnerable descuenta de forma directa un 25% en el recibo de la luz.

En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 40% en la factura de electricidad.

El descuento se aplica sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando el contrato de suministro esté a nombre de una persona jurídica y no del autónomo, éste deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure el profesional que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación. Además, en todos los supuestos, es preciso estar adscrito a la tarifa de precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC). El cambio de tarifa se puede solicitar en el mismo momento en el que se tramita el bono social.

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria.

Más información: bonosocial.gob.es y miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19

Asimismo, existe un teléfono y un correo electrónico de información: el 913 146 673, con horario de atención al público de 10 a 14, de lunes a viernes; y  ciudadano@idae.es

Protocolo para la dispensación de medicación hospitalaria a pacientes no hospitalizados

Información extraida de COMINET: Web informativa de COCEMFE ALICANTE sobre discapacidad.

El pasado  25 de marzo se publicó la Orden SND/293/2020 por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

El punto tres de la orden establece la dispensación de medicación hospitalaria a pacientes no hospitalizados indicando que “De forma excepcional el órgano competente en materia de prestación farmacéutica de la comunidad autónoma podrá establecer las medidas oportunas para garantizar la dispensación de los medicamentos de dispensación hospitalaria sin que deban ser dispensados en las dependencias del hospital”.

Los compañeros de la Asociación de Fibrosis Quística de la C. Valenciana han publicado información ofrecida por la Consellería de Sanidad de cómo debe llevarse a cabo el procedimiento:

  • Cada paciente se pondrá en contacto con su farmacia hospitalaria para solicitar que se le envíe la medicación al ser un paciente de riesgo.
  • Cada farmacia hospitalaria, evaluará la situación de cada paciente y como proceder para enviar/recoger la medicación.
  • La medicación, si así lo estima la farmacia hospitalaria será enviada por mensajería (SEUR) al paciente, bien al centro de salud más cercano, bien al propio domicilio.

Los contactos con las Unidades de Farmacia Hospitalaria son:

  • Farmacia Hospital General Universitario de Alicante: 965 93 33 35
  • Farmacia Hospital la Fe: 961 24 43 76
  • Farmacia Hospital Clínico de Valencia: 961 97 36 23
  • Farmacia Hospital Peset de Valencia: 963 18 89 44
  • Farmacia Hospital General de Valencia: 963 13 18 55

Medidas urgentes en materia de alquiler, hipotecas y suministros

DISPOSICIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PARA FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES: ARRENDAMIENTOS, HIPOTECAS Y SUMINISTROS

Para poder acceder a cualquiera de las medidas contempladas en el RDL 11/2020 de 31 de marzo y que a continuación se contemplan, se debe acreditar estar en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia del COVID-19.

SUSPENSIÓN DE LOS DESAHUCIOS

Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos que afecten a arrendamientos de vivienda, en situaciones de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio que afecten a la vivienda habitual, se suspenderán los lanzamientos sin alternativa habitacional durante un periodo de hasta seis meses.

En caso de que el arrendador afectado se encuentre también sujeto a vulnerabilidad, será el Juez el que determine el periodo de suspensión o las medidas a establecer, considerando el informe emitido por los servicios sociales competentes.

PRÓRROGA CONTRATOS DE ALQUILER

Prórroga en los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo, a solicitud del inquilino

Para los contratos vencidos podrá aplicarse una prórroga extraordinaria del plazo por un periodo máximo de 6 meses. Esta prórroga será obligatoria para el arrendador en caso de solicitarlo el arrendatario, en las mismas condiciones establecidas en el contrato en curso, salvo que se haya llegado a un acuerdo al respecto entre arrendador y arrendatario.

– Pero si el arrendador es una empresa pública o un gran tenedor (más de 10 inmuebles exceptuando trasteros y garajes) se puede solicitar el aplazamiento temporal del pago de la renta que se aplicará automáticamente, siempre que no se hubiera alcanzado acuerdo voluntario y el arrendador tiene un plazo de 7 días para optar entre una de estas dos opciones:

a.- Reducir la renta un 50%  o

b.- Moratoria en el pago de la renta.

En ambos casos, la prorroga puede solicitarse desde el estado de alarma, prorrogándose mes a mes, pero el plazo máximo de la misma es 4 meses.

AYUDAS TRANSITORIAS A LA FINANCIACIÓN (Microcréditos)

Nueva línea de avales con garantía del Estado, que permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler, para todo aquel arrendatario que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19.

Se crea un Programa de ayudas transitorias de financiación para todos aquellos hogares que puedan estar afectados en sus ingresos por la expansión del COVID-19, para que, a través de un acuerdo con el ICO se ofrezca a estos hogares la posibilidad de cubrir los pagos del alquiler durante un periodo de hasta seis meses, sin ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante, y pudiendo devolverlo en un plazo de hasta seis años.

La personas interesadas deberán ponerse en contacto con su entidad bancaria para comenzar los trámites.

PROGRAMA DE AYUDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL

Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida

La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

Se establece también un nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables».

Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables.

REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA CONSIDERAR A LA PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM mensual
  2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
  3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar
  4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  5. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

2. Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se exceptuará de este requisito a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia.

DOCUMENTOS QUE DEBEN APORTARSE PARA ACREDITAR LA VULNERABILIDAD:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

MORATORIA HIPOTECARIA

Pueden solicitar la moratoria  los deudores de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de los siguientes inmuebles, que, a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en situación de vulnerabilidad económica:

–  Vivienda habitual.
–  Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y autónomos, personas físicas, que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
–  Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario (persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas) haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.

REQUISITOS PARA PODER ACOGERSE A LA MORATORIA HIPOTECARIA

a) Estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un 40%.

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM mensual
  2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
  3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar
  4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  5. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el será de cinco veces el IPREM.

c) Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios.

d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ACOGERSE A LA MORATORIA HIPOTECARIA:

a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

  1. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  2. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
  3. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes:

  1. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  2. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria.
  3. En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler, deberá aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento.

f) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

Una vez realizada la solicitud de moratoria, la entidad acreedora tiene 15 días para implementarlo. No se requiere acuerdo de las partes pero debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Los gastos corren a cargo del acreedor. Se formalizará en la Notaria cuando se levante el estado de alarma.

CONTRATOS DE CRÉDITO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA

Se suspenden las obligaciones si se solicita hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. Produce efectos desde que se presenta la solicitud, no requiere acuerdo entre las partes (lo mismo que la moratoria hipotecaria).

El plazo de suspensión es de 3 meses. Durante este plazo no se puede exigir el pago de las cuotas.

GARANTÍA DE SUMINISTROS

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

Más información: Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Share

Información extraida de COMINET: Web informativa de COCEMFE ALICANTE sobre discapacidad.